el proceso que persiste

Hasta el golpe de 1966 se habían originado en la Argentina gobiernos sostenidos -en última instancia- por las Fuerzas Armadas, sin embargo lo que sucede en 1976 es un gobierno ejercido en forma directa y en todos sus niveles por las Fuerzas Armadas.

No se trataba simplemente de derrotar a la guerrilla, de corregir una política económica o de resolver una crisis institucional -para ello hubieran bastado algunos cambios dentro de la legalidad constitucional-. El gobierno militar que asumió el 24 de marzo de 1976 se propuso transformar de raíz la sociedad argentina.

Esta «reorganización» tuvo expresiones concretas: represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y ejercicio autoritario del poder, generando un nuevo tipo humano trascendente que será la base desde la cual deberíamos analizar mucho del fenomeno social, político, económico y cultural aún vigente en nuestro país.

La ideología del «sálvese quien pueda» se acreditaba en el dinero fácil que las actividades especulativas proveían: en esa Argentina, el que producía quebraba, mientras quien «invertía» en la bicicleta financiera, se salvaba.

Al crecimiento industrializado colectivo, en el cual todos los sectores recogen los frutos del progreso, se oponía un nuevo modelo de «quita de ganancias» individualista, en el cual el progreso era personal y a costa de los demás.

La «economía imaginaria» de la plata dulce sumado a la represión en todos los ámbitos de la vida civil, lograron romper muchos lazos de solidaridad que había en la comunidad.

Estos hechos y muchos más fueron piezas de un macabro rompecabezas destinado a reformar, o «reorganizar» a la Argentina, para volver a convertirla en un país agro-exportador con participación política restringida a una élite.

A pesar de proclamarse «liberal», la política económica de Martínez de Hoz incluyó una expansión considerable del papel del Estado en la esfera económica. Esto se debió en parte a la decisión de la cúpula militar de mantener en la órbita estatal a las empresas públicas, cuyos directorios, por otro lado, fueron ocupados por militares.

Muchas obras públicas fueron ejecutadas por contratistas privados y algunas empresas del Estado privatizaron parte de sus actividades -lo que se llamó «privatización periférica». Alrededor de estas actividades se fue configurando un poderoso grupo de empresas contratistas del Estado.

Por primera vez desde la irrupción del justicialismo en la Argentina, a aquella revolución trascendente iniciada por Perón, se le oponía una «contrarevolución trascendente» que obligaría a pensar la lógica de la reconstrucción del poder popular con una nueva mirada, rompiendo esta ecuación para la dependencia que había dejado enquistada la dictadura militar en su paso por el poder.

Finalizada la dictadura, el Estado se encontraba atrasado tecnológicamete, preso de un monopolio contratista que lo saqueaba sistemáticamente y sin capacidad de reacción producto de su crítico nivel de endeudamiento.

Este círculo vicioso condenaba a cualquier gobierno a ser incapaz de controlar la economía nacional que, una y otra vez, era sentenciada desde los factores de poder económicos, tanto nacionales como internacionales. Habiamos recuperado la democracia, pero no las herramientas para gobernar.

Cuando han pasado 25 años desde la reconquista de la democracia, podemos decir que se han dado pasos importantisimos en el rescate del Estado como herramienta al servicio de la Nación, sin embargo aún nos queda pendiente la difícil tarea de recuperar la política como un espacio de participación común y transformarla en una herramienta noble para la construcción de un destino de grandeza para todos los argentinos.